El CIADI da alas a Berkeley e impone un árbitro que ya ha fallado varias veces contra España
Berkeley sigue adelante en su disputa internacional contra el Reino de España. La firma minera decidió este mismo año elevar su conflicto legal al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tras recibir dos fallos contrarios a sus intereses sobre la construcción de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca). Recientemente, la compañía ha logrado un golpe de efecto en el laudo, al lograr que Klaus Reichert, conocido por emitir fallos millonarios en contra del Gobierno español, sea designado árbitro en la contienda.
La elección de Reichert, ya ratificada, es una noticia favorable para Berkeley. Con ello, la firma podría alcanzar uno de sus dos grandes objetivos desde el inicio de la disputa: por un lado, reanudar su proyecto minero en Salamanca. De hecho, Berkeley afirma estar dispuesta “a colaborar con el Gobierno para encontrar una solución amistosa respecto a los permisos”. Por otro lado, si no se permite la reanudación de las obras y posterior explotación, la compañía busca una compensación por los daños sufridos, que asciende a unos 1.000 millones de euros.
En los últimos años, el Reino de España ha sido recurrentemente involucrado en casos ante el Ciadi, en su mayoría relacionados con la retirada retroactiva de primas a las energías renovables decretada por el gobierno de Mariano Rajoy. Dicha medida fue una corrección a las retribuciones aprobadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
REICHERT Y SUS FALLOS MILLONARIOS CONTRA ESPAÑA
Desde 2017, las sentencias desfavorables para España se han ido acumulando, siendo la primera la que benefició a Eiser Infrastructure y su filial luxemburguesa Ener Solar Luxemburg, por la que España fue condenada a pagar 128 millones de euros.
Entre los laudos más recientes, muchos comparten un denominador común: Klaus Reichert. El ‘árbitro’ irlandés-alemán participó en las condenas contra España en el verano del año pasado y en junio de este año. En el primero de estos laudos, Reichert y Loretta Malintoppi fallaron a favor de Eurus Energy, filial de Toyota, ordenando a España pagar 106 millones de euros. Además, al negarse el Estado español a cumplir con el fallo, el propio Reuchert ha seguido con el caso. En el último laudo, Reichert, junto a John Fellas y Wang Xuehua, dictaminó que España debía pagar otros 75 millones de euros.
Dichos precedentes llevaron a Berkeley a solicitar expresamente que Reichert fuera el árbitro de su laudo internacional contra el Gobierno español, una petición que fue aceptada recientemente. La última actualización del caso, confirmada por el Ciadi, establece que “Klaus Reichert (irlandés/alemán) ha aceptado su nombramiento como árbitro tras ser designado por el demandante”.
BERKELEY PODRÍA OBTENER CERCA DE 1.000M€
El conflicto entre Berkeley y el Gobierno español tiene su origen en 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) denegó la licencia para la explotación de la mina en Retortillo, basándose en un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Berkeley considera que esta decisión fue “arbitraria” y que las razones técnicas esgrimidas para justificar el informe carecen de “respaldo técnico o legal”.
Inicialmente, Berkeley llevó la disputa a los tribunales españoles, pero tras una serie de reveses, decidió modificar su estrategia. A finales de 2023, la firma recibió dos notificaciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaban, por un lado, la autorización de uso excepcional en suelo rústico concedida en 2017, y por otro, la licencia urbanística parcial otorgada por el Ayuntamiento de Retortillo en 2020.
Ante estos reveses, Berkeley acudió al Ciadi, afirmando estar en “desacuerdo con los fundamentos de las sentencias del TSJ”. Aunque inicialmente presentó recursos de casación ante el Tribunal Supremo, la firma retiró dichos recursos para preservar sus derechos en el arbitraje internacional. Para este proceso, Berkeley cuenta con la asesoría de la multinacional Herbert Smith Freehills, y de prosperar su demanda, el impacto en las finanzas del Estado español podría ser significativo.
