¿Por qué el canal de denuncias ya no es opcional para las empresas?
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, obliga a las empresas españolas con 50 o más empleados a contar con un canal interno de denuncias para garantizar comunicación segura, confidencial y accesible ante posibles infracciones.
Esta normativa refuerza el marco legal del compliance en España e impulsa un cambio cultural dentro del entorno laboral, donde la transparencia y la protección del denunciante se sitúan en el centro.
El objetivo principal de este sistema es permitir que cualquier miembro de una organización pueda comunicar irregularidades sin temor a represalias.
Implementación del canal de denuncias
No obstante, cabe destacar que estos canales de denuncia no están siendo homogéneos. Un estudio reciente revela que, aunque el 65% de las empresas ya cuentan con un canal de denuncias, un 23% aún no lo ha desarrollado y un 11% desconoce su existencia. Esta disparidad expone a muchas organizaciones a riesgos legales y reputacionales significativos.
El cumplimiento de esta ley no se limita a evitar sanciones, que pueden alcanzar hasta un millón de euros para las personas jurídicas, sino que también contribuye a fortalecer la cultura corporativa. La existencia de canales eficaces está directamente relacionada con la satisfacción laboral, la confianza interna y la detección temprana de conflictos o malas prácticas.
Pese a los avances, un 42% de los trabajadores considera que su empresa no dispone de mecanismos adecuados para reportar problemas internos. Según un reciente informe sobre bienestar laboral. Esta percepción señala que aún, es una asignatura pendiente en la gestión de personas y la gobernanza empresarial.
Cada vez es mayor el número de herramientas tecnológicas que las empresas pueden implementar para garantizar tanto la confidencialidad, como el anonimato y la trazabilidad. Los sistemas actuales permiten documentar cada paso del proceso, facilitar auditorías y asegurar el cumplimiento normativo.
Por todo ello, el canal de denuncias ya no puede considerarse una simple exigencia legal. Es una herramienta estratégica para construir organizaciones más íntegras, humanas y resilientes.
