Los obstáculos a la movilidad frenan el avance de la economía de los datos en la UE.

Se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI, y no es descabellado afirmarlo cuando vemos que las mayores compañías del momento han adquirido tal dimensión gracias a sus procesos de recolección, clasificación y utilización inteligente de los datos de sus clientes y usuarios. Pero esta información es sensible en general, lo que ha llevado a muchos países a proteger con leyes y normativas el uso que se hace de ella. Como en todos los ámbitos, en este también será el término medio el que aporte la virtud: la Comisión Europea, en el informe «Open data maturity in Europe 2017», afirma que la eliminación de los obstáculos que impiden la movilidad de los datos generaría un crecimiento adicional del 4% del PIB europeo en 2020. Nada desdeñable.

La cuestión es que el mundo de los datos tiene dos vertientes: los públicos y los privados. Si bien todos ellos pertenecen a los mismos ciudadanos, son los abiertos los que presentan mayores beneficios para la sociedad a corto plazo. De ahí que iniciativas como «Open Data» promuevan la creación de sistemas de información que permitan la libre circulación (y el libre acceso) de los datos que generan las Administraciones públicas. La Unión Europea lleva trabajando en este asunto desde 2015 mediante la promoción de portales de datos abiertos en los Estados miembros. El valor de esta información se estima en 325 billones de euros, con una creación de 30.000 nuevos empleos asociados y un ahorro que supera los 1700 millones de euros a los gobiernos nacionales. Pero estas cifras requieren iniciativas que permitan el intercambio de esta información, dado que la convergencia de la información permitirá potenciar su alcance. En la actualidad, por el contrario, los Estados compiten entre sí por ocupar una posición de liderazgo.

El informe clasifica los países según su nivel de preparación en estos temas en principiantes, seguidores, avanzados y marcadores de tendencia. España está entre el grupo privilegiado, con estructuras estatales, autonómicas y locales en forma de plataformas de datos abiertos a los que desde hace tiempo pueden acceder los ciudadanos.

El documento incluye, además, siete recomendaciones de cara al futuro desarrollo de estas plataformas, como recoge El Empresario. Son las siguientes:

1. Mejorar el desarrollo de los portales de datos abiertos.
2. Mantener el apoyo a la financiación de los portales de datos abiertos.
3. Documentar el impacto de los portales de datos abiertos.
4. Interactuar con los usuarios y realizar un seguimiento de su comportamiento.
5. Promover los datos abiertos en la transformación digital del sector público.
6. Aprovechar el uso de datos privados de interés público para aumentar la eficiencia y el valor de la formulación de las políticas.
7. Impulsar la disponibilidad de datos en tiempo real con la ayuda de herramientas tecnológicas como Internet de las cosas o sensores.