Es hora de revisar las condiciones de la banca privada

Hemos comentado en numerosas ocasiones a lo largo del último año cómo la covid-19 ha supuesto un salto tecnológico histórico, acelerando en cuestión de meses procesos que llevarían años. De hecho, en Finizens consideramos que la crisis del coronavirus va a ser el mayor disruptor tecnológico de esta década que apenas acaba de empezar. Pero entre tanta charla sobre revolución tecnológica, digitalización a marchas forzadas y automatización de recursos se nos están olvidando otras tendencias que ya estaban presentes antes de la llegada del virus y que son tanto o más transformadoras pero que, ante el aluvión de noticias, están quedando en un segundo plano. Este es el caso de cuál va a ser el futuro inmediato de la banca privada en España.

Para ponernos en situación, las bancas privadas ofrecen servicios supuestamente exclusivos (en seguida volveré sobre este punto) a clientes de altos patrimonios a cambio de jugosas comisiones. La introducción de la normativa MiFID II, que entre otras cosas obliga a las entidades a comunicar con transparencia cuáles son los costes que están cargando a los partícipes por sus productos y servicios, además de establecer premisas para determinar cuándo es lícito o no cobrar retrocesiones (comisión adicional por vender un determinado producto u otro, que normalmente es opaca para el cliente final), ha provocado un doble efecto: por un lado, ha ido minando poco a poco el halo de prestigio de las bancas privadas.

Por otro, ha conseguido que numerosas entidades traten de subirse al carro de los altos patrimonios con propuestas cada vez más estandarizadas (incumpliendo por lo tanto el atributo de exclusividad que debería de caracterizar la banca privada), pero con comisiones que siguen proporcionando un jugoso margen, en definitiva, un servicio más pobre pero igual de caro para el cliente final.

¿Qué hay de todos estos inversores a partir de ahora? Esta pregunta fue la que nos llevó a analizar con lupa el mercado, y nuestro descubrimiento fue que aquellos inversores con patrimonios inferiores a cinco millones de euros no están siendo correctamente atendidos. Son inversores con un patrimonio más que respetable, pero que aun así pueden encontrarse con que ya no es suficiente para ser admitidos como clientes en aquellas bancas privadas que más alardean de exclusividad y discreción. Al mismo tiempo, el abanico de patrimonio es suficientemente amplio – resultará obvio que no es lo mismo contar con medio millón de euros en activos que con tres millones, por ejemplo- como para demandar un servicio personalizado a las necesidades que presente cada inversor, algo que no siempre se está afrontando con suficiente eficiencia y honestidad en las entidades que prestan servicios de banca privada o de gestión discrecional. Pero, por otro lado, para estos inversores las comisiones siguen siendo igual de elevadas.

Nuestro punto de vista es que la regulación ha obligado a las entidades financieras tradicionales a ser más transparentes y honestos con los costes que se transmiten a los clientes y esta es una excelente herramienta para empezar a forjar una relación de confianza, pero no es suficiente por sí misma: las entidades también deberían comprometerse a no cobrar a los clientes ni un euro de más por sus servicios si ya no son capaces de asegurar una calidad de servicio acorde, ya sea por un patrimonio de 1.000 euros, de 100.000, o de cinco millones de euros.

Por desgracia, esto va en contra de la práctica habitual de la industria, que muchas veces recomienda carteras compuestas por una serie de fondos en los que pueden aparecer uno o más que son propios de la casa, y así se acaba trasladando al cliente una doble comisión: la de la gestión de la cartera, a la que se le añade la comisión del fondo subyacente (que sigue siendo e la misma entidad). Y después, estas carteras se suelen rotar tantas veces como la entidad lo considere necesario, y vuelta a empezar con el cobro de comisiones.

Nosotros en Finizens creemos que, aunque a priori parezca un contrasentido, se puede seguir ofreciendo un servicio de calidad a patrimonios superiores a los 100.000 euros sin necesidad de cobrar comisiones tan elevadas. Lo conseguimos utilizando solo productos indexados, de gestoras independientes y mediante un modelo de gestión automatizada y sin conflictos de interés. Por un lado, la gran ventaja de este modelo de gestión del patrimonio es que permite construir carteras muy diversificadas con comisiones que pueden ser hasta siete veces más bajas respecto a las que cobraría un banco tradicional (no digamos ya una banca privada). Esto repercute positivamente sobre la rentabilidad final que puede obtenerse invirtiendo en fondos indexados, frente a fondos tradicionales o los productos de banca privada.

Por otro lado, la gestión indexada premia la inversión y el ahorro a largo plazo: al replicar la composición de la economía mundial de manera fiel en el tiempo, ayuda a reducir la volatilidad y toda una serie de riesgos, evitando que los inversores cometan errores como comprar en el pico de un ciclo alcista o vender impulsados por el pánico.

Si aún quedan dudas sobre qué enfoque utilizar a la hora de evaluar dónde están nuestras inversiones y si nos sentimos adecuadamente recompensados por depositar nuestra confianza en una u otra entidad, nos gustaría pedir al lector que reflexione sobre un pequeño paralelismo que ponemos a continuación: si en vez de su banco, fuera su compañía de telecomunicaciones la que le trasladase facturas injustificadas, incluso crecientes en el tiempo, a pesar de ser un cliente de toda la vida, ¿estaría dispuesto a cambiar de proveedor? ¿y si de lo que estamos hablando no es de velocidad de conexión a internet, sino de nuestro propio patrimonio?