El objetivo de que en el año 2050 la industria presente un balance neutro de emisiones de carbono pasa por un programa de actuaciones a largo plazo en el que se ven implicadas tanto las administraciones como la industria.

El camino hacia la movilidad sostenible es largo y complejo, con muchos actores implicados entre los que están los gobiernos, organismos internacionales y empresas, ya que se trata de un derecho de las personas que también implica algunas obligaciones con el medioambiente. Los cambios que se han producido en los últimos años en la movilidad urbana han precipitado un proceso que caminaba muy lentamente hacia la descarbonización, planteando un panorama esperanzador.

De los hechos aislados hemos pasado a una situación en la que todo gira en torno a la sostenibilidad, no solo en el ámbito del transporte, sino de la vida en general. La Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y los gobiernos comienzan a diseñar una estrategia en frentes muy variados a base de legislación y programas de incentivos. En el caso de España, nuestros planes de actuación para la próxima década se centran en una ambiciosa Estrategia de Movilidad Sostenible y un programa de ayudas al sector del automóvil englobadas en el PERTE, que se centra en el desarrollo de un ecosistema favorable a la implantación del vehículo eléctrico y conectado.

HACIA LA DESCARBONIZACIÓN

La Estrategia de Movilidad Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España aprobada por el Consejo de Ministros el 30 de abril de 2021, es el documento sobre el que se articulan los planes de actuación durante la próxima década. El plan cuenta con tres principios básicos –seguridad, sostenibilidad y conectividad–, estructurados en 9 ejes con 40 líneas de actuación y más de 150 medidas concretas, moviéndose en torno a tres vectores de transformación: descarbonización, digitalización y una creciente urbanización que afecta a la sostenibilidad urbana y metropolitana, planteando la necesidad de combatir la despoblación en el mundo rural.

Partiendo de la movilidad como un derecho del ser humano, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico, busca dar respuestas a las necesidades reales de los ciudadanos, siempre en línea con los compromisos adquiridos como país en el plano internacional. Las directrices de la Estrategia de Movilidad Sostenible se concretan en 48 medidas estructuradas en cinco áreas: territorio; planificación del transporte y sus infraestructuras; cambio climático y reducción de la dependencia energética: calidad de aire y ruido; seguridad y salud, y gestión de la demanda. Una de las medidas más importante es la que presta especial atención al fomento de una movilidad alternativa al vehículo privado y el uso de modos más sostenibles.

AYUDAS A LA INDUSTRIA

Otra herramienta importante para fomentar el uso de energías alternativas en el transporte con la descarbonización como telón de fondo es el PERTE o Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio y publicado recientemente en el BOE, que contempla un paquete de ayudas por valor de 2.975 millones de euros (1.425 millones en préstamos y 1.550 millones a través de subvenciones), tras varios meses de negociación con Bruselas.

Uno de los objetivos del PERTE es crear en España el ecosistema necesario para el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos y conectados, convirtiéndonos en el hub europeo de la electromovilidad. Era algo que reclamaba desde hace tiempo al Gobierno el sector de automoción, sumido en una grave crisis motivada por la pandemia, la debilidad de la economía y la crisis de los semiconductores, entre otros temas, sin olvidar la incertidumbre de los consumidores, que no saben en estos momentos qué tecnología adquirir.

El Ministerio de Industria calcula que el PERTE movilizará una inversión pública de 3.000 millones de euros, a los que se sumarán unos 20.000 millones de inversión privada, recursos que ayudarán a la creación de 140.000 puestos de trabajo y un incremento del PIB de hasta el 1,7%.

Todas estas medidas ayudarán a un sector de gran importancia en el tejido industrial español, pues el automóvil supone cerca del 10% del PIB.

EL ‘EFECTO BICICLETA’

Hacer ejercicio físico de forma regular es beneficioso para la salud, y también para el medioambiente, si caminar o utilizar la bicicleta se convierte en un medio de transporte para ir al trabajo, a la universidad o hacer los recados. El número de personas que usan la bici a diario ha crecido en los últimos años y ha pasado de ser un deporte a un medio de transporte saludable y ecológico, una práctica muy extendida en países europeos que ha llegado a España para quedarse.

Son muchos los motivos que han influido en el crecimiento del número de ciclistas urbanos, pero la pandemia que todavía no hemos superado ha tenido mucho que ver y seguro que el incremento de precios del combustible será otro factor a tener en cuenta. Las ciudades no están preparadas para acoger tantos ciclistas y los conductores españoles no son especialmente respetuosos con las bicis, aunque habrá que acostumbrarse, sobre todo porque la nueva Ley de Tráfico prevé sanciones de 200 euros y 6 puntos al conductor que no deje una distancia de 1,5 metros al adelantar a un ciclista.

No faltan iniciativas para promocionar este transporte alternativo, como la que ha lanzado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, bajo el lema ‘En bici al trabajo’ que anima a las empresas a apostar por iniciativas que potencien el uso de este modo de transporte a diario.