La ‘emergencia’ de garantizar el derecho a la educación
La irrupción repentina de la COVID-19 ha provocado una revolución social sin precedentes, tanto por su dimensión como por su tiempo de desarrollo.
Desde mediados de marzo, cuando las organizaciones sanitarias internacionales declararon la pandemia, la sociedad ha tenido que reformular múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde la interacción social hasta el entorno laboral. La educación no ha sido ajena a esta reinvención. De hecho, la primera medida que se tomó en nuestro país para frenar la propagación del virus fue el cierre de todos los centros educativos, y lo que era en un principio una medida coyuntural ha provocado con su dilatación en el tiempo la redefinición de nuevas formas de aprendizaje, acordes con un escenario donde la coordenada espacial desaparece y en el que los progenitores, ante la ausencia presencial del profesor, asumen parte de este rol.
Esta decisión, que se extendió a otros 188 países, ‘confinó’ en los hogares a 1.500 millones de estudiantes, el 90% del total de alumnos matriculados, según la ONU. En España, este parón sin precedentes del sistema educativo hizo que 10 millones de alumnos, más de 8 millones de enseñanzas no universitarias, convirtieran sus hogares en aulas. Sin tratar los efectos colaterales de esta interrupción en el sistema de enseñanza como deficiencias en la socialización o nutricionales, que ya han insinuado organismos internacionales que velan por la infancia, el problema de raíz del modelo de aprendizaje en la distancia, basado en el uso de herramientas digitales que se ha instaurado, es el desigual acceso a las nuevas tecnologías.
100.000 hogares con niños en nuestro país no tienen conexión a la Red, e incluso que el 20% de los menores de las familias con rentas más bajas -900 euros mensuales netos o menos- no dispone de ordenador y más de la mitad de ellos no puede adquirir una tablet.
Si bien es cierto que, según datos del INE, casi la práctica totalidad del 91,4% de los hogares españoles con acceso a Internet disfruta de banda ancha, la realidad, de acuerdo con las cifras de Unicef, es que 100.000 hogares con niños en nuestro país no tienen conexión a la Red, e incluso que el 20% de los menores de las familias con rentas más bajas -900 euros mensuales netos o menos- no dispone de ordenador y más de la mitad de ellos no puede adquirir una tablet.
Esta brecha digital, que es extrapolable y más profunda en países más pobres -se estima que en todo el mundo el porcentaje de niños sin acceso a Internet asciende al 59%-, puede llegar a dinamitar la inclusividad y la igualdad de oportunidades que permite la educación.
Tecnología y educación – Asignatura pendiente.
El uso de la tecnología en el sistema educativo español antes del confinamiento era claramente mejorable. Así lo ha demostrado el necesario y acelerado traspaso de habilidades y contenido educativo al entorno virtual durante la pandemia. Para muestra un botón: en 2018 sólo la mitad de los estudiantes de 15 años de todo el mundo estaba escolarizada en centros que disponían de plataformas virtuales de apoyo a la enseñanza, según la OCDE. Bien es cierto que desde la administración y el ecosistema TIC se ha ayudado a realizar esta transición con el objetivo de dotar a los centros menos digitalizados y a los alumnos con menos recursos de herramientas digitales para que nadie se quede atrás. Pero la previsión de que se produzcan nuevos brotes exige un planteamiento diferente para el curso escolar 2020/2021 que supere las diferencias educativas que ya marca el capital físico (conectividad, accesibilidad y disponibilidad de dispositivos) de los hogares con menos recursos. Sin mencionar la atención y el refuerzo personalizado que demandan los alumnos más rezagados o aquellos con capacidades cognitivas y emocionales diferentes.
La educación es un derecho fundamental, por lo que garantizar su acceso y la igualdad de oportunidades debería ser una obligación con independencia de factores sociales, culturales y económicos, más aún en situaciones como la que vivimos. De otra forma, ayudaremos a perpetuar desigualdades y a reducir el capital humano con el impacto que esto tiene, a medio y corto plazo, en el mercado laboral y en las oportunidades económicas.
La educación es el motor de progreso de una sociedad. Por este motivo, es vital que, durante la pandemia y en la nueva normalidad, la educación equitativa, inclusiva y de calidad sea una prioridad política y social. Durante la pandemia, apostando e impulsando estrategias educativas que protejan el derecho a la educación conquistado con el sistema educativo presencial y que contemplen múltiples opciones, desde clases online en tiempo real hasta programas en canales de televisión o radio que se adecúen a la diversidad del alumnado y a la realidad social y económica individual de cada uno, asegurando su permanencia en el sistema. Y, en la nueva normalidad, en la que existe una alta probabilidad de que el sistema a distancia siga operativo, reformulando nuevas propuestas de formación híbrida y garantizando las interacciones sociales regulares entre los padres, los docentes y el alumnado, que permitan el desarrollo de vínculos y el sentimiento de pertenencia a una comunidad, en este caso, virtual.
El desafío actual es minimizar el impacto negativo que la COVID-19 tendrá en la educación, conservar su importante legado en la movilidad social de la sociedad española en las últimas décadas y aprovechar esta experiencia para abordar su transformación sin olvidar que es un importante instrumento para la compensación de desigualdades.
