Los planes de pensiones acumulan en España 112.000 millones de euros y más de 7,5 millones de partícipes. Esta cifra, siendo muy importante, está muy por debajo de la media ponderada de los países de la OCDE (9% del PIB, frente al 65%).

En España hay tres factores que van a presionar de forma constante el gasto del sistema de pensiones público en las próximas dos décadas: el número de pensionistas pasará de forma progresiva de 9 a 15 millones en las próximas dos décadas (mayor número de pensionistas); el tiempo de permanencia como jubilado se está incrementando en 1,5 años cada 10 años (más tiempo cobrando la pensión); y el importe medio de la pensión es creciente (las nuevas altas son un 30% superiores a las bajas solo por efecto sustitución, sin incluir indexación alguna (mayor importe de la pensión).

En relación con el tercer pilar, y teniendo en cuenta el escaso desarrollo del sistema de empleo, sigue siendo necesario e imprescindible para todos aquellos que no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas pertinentes desarrolladas o, una vez implementadas estas, hasta que el trabajador alcance un nivel de cobertura del segundo pilar suficiente. Y en especial para autónomos (suponen el 16% de los trabajadores), para trabajadores temporales (27% del total), y para trabajadores a tiempo parcial (14% del total).

El gasto público en pensiones es del orden del 11% del PIB, y se oyen comentarios apoyando que la economía española tiene capacidad para afrontar su sostenibilidad con los parámetros de gasto actuales, elevando el gasto hasta el 15% del PIB. Sin embargo, y por ponerlo en contexto, este aumento de gasto supondría 45.000 millones de euros anuales más, es decir el 52% de la recaudación anual del IRPF o el 63% de la del IVA, datos que son muy explicativos.

La solución, con independencia de los ajustes que se hagan en el sistema público de pensiones, pasa por el establecimiento de un sistema de capitalización, que obligue a las empresas a establecer un Plan de Pensiones para sus trabajadores, y a estos a poder darse de baja si así lo desean. Este esquema basado en la economía conductual ha sido puesto en práctica en el Reino Unido con unos resultados espectaculares: 1,1 millones de empresas adheridas, más de 10 millones de trabajadores, y sólo un 9% de los mismos se han dado de baja.

Desde esta tribuna insistimos en la necesidad de impulsar de forma urgente un sistema complementario de capitalización, tanto del segundo (empresas) como del tercer pilar (individuos) que verdaderamente complementen las pensiones públicas que están afrontando y van a afrontar desde ya, y durante los próximos quince años, una presión financiera importante. Los Planes de Pensiones han prestado y siguen prestando apoyo a familias (tanto para complementar su jubilación como para paliar situaciones de crisis), a las empresas españolas y a la sociedad en general (inversión ESG) generando:

1. Liquidez en situaciones de crisis: en los últimos 10 años, los Planes de Pensiones han pagado 3.760 millones de euros a 693.000 hogares por desempleo o enfermedad grave.

2. Bienestar futuro: cada año los Planes de Pensiones complementan la jubilación de 400.000 familias con 4.300 millones de euros.

3. Apoyo al tejido empresarial: 46.000 millones de euros (el 40% del patrimonio en Planes de Pensiones) se invierte en compañías españolas.

4. Apoyo en situaciones difíciles: 50.000 familias han rescatado su inversión en Planes de Pensiones para afrontar los efectos del covid-19.

5. Sostenibilidad: los Planes de Pensiones invierten 58.700 millones de euros en empresas comprometidas con la sostenibilidad y el buen gobierno.

El mecanismo de diferimiento fiscal de los Planes de Pensiones (que no es un beneficio fiscal) es hoy más necesario que nunca, tanto para el segundo como también para el tercer pilar.