En el intento de conseguir algo de transparencia en temas relacionados con la gestión del dinero público han surgido iniciativas basadas en open data o datos públicos, con el objetivo de que el ciudadano pueda obtener una información veraz sobre la administración de presupuestos. España se trata de un país aún opaco en este sentido. Por suerte, surgen proyectos que buscan acabar con la falta de transparencia, uno de ellos es “¿Quién cobra la obra?”

“¿Quién cobra la obra?” es un proyecto de Fundación Civio que ha sido financiado gracias a una campaña de crowfunding en la plataforma Goteo gracias a 250 co-financiadores. El objetivo del mismo es descubrir qué constructoras se han llevado el mayor número de contratos y cuáles son sus conexiones con lo público.

La idea de este proyecto surge por la gran falta de transparencia en el sector de las obras públicas en España. Saber qué empresas se encuentran tras una obra pública no es una tarea fácil: la información relativa a contratos y propiedad de las empresas son difíciles de encontrar, se publican de forma parcial y en formatos no reutilizables (PDF). Además, en ocasiones, es necesario tener que investigar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) -el cual solo está digitalizado desde 2009-.

El trabajo de los colaboradores de “¿Quién cobra la obra?” ha sido el de extraer del BOE todos los contratos de obra civil para crear una base de datos pública para mostrar toda la información sobre las adjudicaciones -precio, fechas de ejecución, administración pública que lleva la obra y empresa que la lleva a cabo- de forma clara y estructurada. La información en la web se muestra con gráficas y esquemas de forma muy visual para que sea fácil de entender. Además, se publican reportajes de investigación en los que se profundiza sobre alguno de los casos más sonados.

De esta forma, las relaciones entre constructoras adjudicatarias y propietarios quedan claras, así como las relaciones de poder y su vínculo con lo público. Por si acaso surgen dudas, este proyecto también incluye “la Contratopedia”, una guía en la que se explica cómo funciona la Ley de Contratos del Sector Público, así como un glosario de términos importantes.

Gracias a los datos que aparecen en “¿Quién paga la obra?”, se concluye con que el total de contratos de las obras españolas se reparten entre muy pocas manos: diez constructoras son las que están presentes en siete de cada diez euros de las adjudicaciones de obras públicas en España entre 2009 y 2015. A pesar de que unas 2.600 empresas consiguieron contratos de obra pública entre estos años, el reparto no es equitativo: un 25% de los 38.828 millones de euros totales fueron adjudicados de forma directa a alguno de estas diez grandes constructoras: ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, Isolux Corsán, Villar Mir, Comsa, Copisa y Grupo Sando. A este dato debemos sumar el importe concedido a Uniones Temporales de Empresas (UTE) de las que alguno de estos diez grupos forma parte. Así, el porcentaje sube a más de un 74%.

Entre otros datos curiosos, encontramos que, de una u otra manera, todas estas constructoras han sido vinculadas a uno o varios casos de corrupción. O que la empresa líder en adjudicaciones es ACS -liderada por Florentino Pérez- y que su contrato más caro es el de la construcción de la estación de AVE de La Sagrera en Barcelona (más de 366 millones de euros) o que existen contratos paralizados en los que aún no se ha colocado un solo ladrillo, pero que ya han consumido más de 80 millones en indemnizaciones.