Indra, una historia de puertas giratorias y jugosos contratos con la CNMC al acecho

por | 15 Abr 2021

Indra se erige como una de las firmas tecnológicas pioneras en España. Un supuesto ejemplo a seguir en un país en el que el uso del cemento siempre se ha preferido al de los ordenadores. Pero, como decía Mark Twain, cada persona (o empresa) tiene su lado oscuro. En el caso de la compañía que preside Fernando Abril-Martorell más si cabe, cuando organismos como la CNMC o Hacienda no le quitan el ojo de encima.

Empecemos por el principio. Indra se define a sí misma como “una de las principales compañías globales de tecnología (…) en todo el mundo”. Una ‘modesta’ reseña que la convertiría en una ‘rara avis’ en España. Si fuera realmente cierta, ya que en realidad no es más que una contratista. Como en su día lo eran las grandes constructoras españolas. La diferencia es importante, dado que el principal sustento de la empresa es conseguir, en su mayoría, contratos públicos con los que ir sobreviviendo.

Lo anterior se puede demostrar de dos maneras. La primera es la valoración que hacen de ella los inversores. Así, su cotización bursátil se ha desplomado un 27% en los últimos cinco años. Aunque hay más. De hecho, si se retroceden varias décadas atrás, el precio no se diferencia del actual. La evolución de sus títulos muestra que la “apuesta tecnológica” ha sido un fracaso para sus accionistas.

La segunda razón es el esmero continuado de la compañía por tener bien engrasadas sus puertas giratorias. Uno a uno han pasado por Indra cerca de una treintena de altos cargos del Estado español. Una larga lista que incluye a muchos secretarios de estado, pero que principalmente tienen un epicentro común: las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.

Uno a uno han pasado por Indra cerca de una treintena de altos cargos del Estado español

 

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LA ALARGADA SOMBRA DE LAS PUERTAS GIRATORIAS

El extraño interés de Indra por aglutinar altos cargos relacionados con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas podría estar relacionado con que la compañía es la principal contratista de la industria armamentística nacional. De hecho, es la única española que aparece entre las 100 mayores empresas de defensa de todo el mundo. Uno de sus últimos grandes logros fue lograr que el Gobierno español eligiese a la firma como coordinador del programa FCAS.

Aunque el principal negocio de la compañía parecen ser la tecnología radar. Así, el último proyecto de la firma es el llamado radar AESA, que se utiliza para los Eurofighter, de los cuales España ya se ha asegurado un número importante. Un prototipo que se espera se pueda utilizar más que sus predecesores. Algo que no ocurre con algunos de los que ha estado construyendo para el proyecto de Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Un plan para controlar la llegada de pateras a la costa que, sin embargo, el propio Gobierno mantiene en un almacén. El coste total embolsado por Indra y otros participantes por este concepto desde su creación supera los 230 millones de euros.

A cierre de 2020, la compañía mantenía tres causas abiertas con el regulador de competencia por distintas “prácticas anticompetitivas” ejecutadas en distintos acuerdos

 

INDRA EXPEDIENTADA POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS

La habilidad de hibridar las puertas giratorias y los grandes contratos de Indra siempre ha supuesto una alargada sombra para la compañía. Pero lo ha sido todavía más sus continuos expedientes con la CNMC. Así, a cierre de 2020, la compañía mantenía tres causas abiertas con el regulador de competencia por distintas “prácticas anticompetitivas” ejecutadas en distintos acuerdos. Uno de ellos, abierto en 2019 por formar un cártel en torno a una licitación de Adif para la electrificación de las vías ferroviarias, generó un importante susto para la compañía.

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La razón no es el coste económico, dado que en España los oligopolios nunca suelen salir perdiendo, sino porque la CNMC activó una cláusula por la que se le prohibía la concurrencia a otros concursos públicos. Un verdadero drama para una compañía como Indra. La delicada situación todavía no se ha resuelto y la empresa ha recurrido la imposición del regulador. De hecho, Indra ha ido con todo para frenar esa posibilidad. En mayo de 2019 recurrió la sanción en vía contencioso-administrativa y en julio de 2019 obtuvo medida cautelar de suspensión. Por último, advierte la sentencia que sería recurrible a través de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El miedo a perder la vía de ingresos públicos también llevó a Indra a declararse culpable de delito fiscal ante el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid hace un par de años. Pero no es el único frente con Hacienda que ha tenido (y tiene) la compañía “tecnológica” española. De hecho, en 2020 tuvo que pagar una sanción por no hacer bien las cuentas con sus impuestos. En definitiva, bajo la ‘máscara’ de la tecnología, la compañía parece ocultar prácticas que poco tienen que ver con ella.

 

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