El lento despegue de la electrificación
Países Bajos, Alemania y Reino Unido son las locomotoras de la electrificación en Europa, mientras que en los vagones de cola se encuentran España, Hungría y la República Checa, según los datos del Barómetro de la Electromovilidad realizado por ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, correspondiente al segundo trimestre de 2023.
El Barómetro, elaborado con datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y otros organismos como Eurostat, INE o Electromaps, establece un ranking que lidera Noruega con 106,6 puntos, mientras que la media de los 27 países de la Unión Europea es de 25 puntos, y España solamente logra 12 puntos sobre 100, uno más que el año anterior.
En el primer semestre de 2023, España ha matriculado un total de 55.544 turismos electrificados, incluyendo en esta cifra tanto los vehículos completamente eléctricos (BEV) como los híbridos enchufables (PHEV), quedando todavía lejos del objetivo de 190.000 ventas de este tipo de vehículos para todo el ejercicio que se necesitarían para cumplir con las exigencias de reducción de emisiones impuestas por Bruselas.
Las 29.773 unidades matriculadas de vehículos eléctricos puros suponen un 77,8% más que las del mismo periodo del año anterior, y una cuota sobre el total de ventas del 5,01%. También continúa avanzando de forma lenta la infraestructura de recarga pública en España, ya que en el segundo trimestre del año no consigue salir de los puestos de cola del ranking europeo. Según el indicador de infraestructura de recarga, España logra crecer apenas 6 décimas, obteniendo un total de 5,1 puntos sobre 10, en el penúltimo lugar, muy lejos de la media europea, que es de 11,2 puntos.
El número de nuevos puntos de recarga de acceso público instalados en el segundo trimestre de 2023 ha sido de 2.517, con un total de 22.760 puntos ya instalados en todo el territorio nacional, muy lejos de los 45.000 puntos necesarios este año para cumplir los objetivos de reducción de emisiones marcados en el ‘Fit for 55’ del Ministerio de Transición Ecológica, que pretende reducir en 2030 las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) al menos un 40% respecto a 1990. Pero el dato que más llama la atención es que 6.475 puntos se encuentran fuera de servicio, debido a que no se han podido conectar a la red eléctrica por problemas burocráticos o por encontrarse en mal estado o con algún tipo de avería.
El elevado precio de los vehículos electrificados total o parcialmente, la escasa red pública de recarga, la escasa autonomía de las baterías y el hecho de que muchos ciudadanos no disponen de un garaje donde instalar un cargador son los principales motivos que están frenando el salto a una movilidad con menos emisiones.
INCENTIVOS PARA ANIMAR A LAS EMPRESAS
El elevado coste de los vehículos con baterías y la instalación de puntos de carga para los mismos son algunos de los obstáculos con los que se está encontrando el proceso de cambio hacia la movilidad eléctrica. Los particulares ya cuentan con ayudas a la compra de vehículos y la instalación de cargadores a través del Plan Moves, que no funciona precisamente con rapidez, obligando a adelantar un dinero que se recibe entre uno y dos años después de realizar la inversión.
En el caso de empresas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado recientemente el Plan Moves flotas, dotado de 30 millones de euros pensando en la electrificación integral de grandes flotas de transporte compuestas por vehículos ligeros, contemplando también la instalación de puntos de carga y la adaptación de sistemas de gestión de flotas para digitalizar el control de rutas.
LA NORMATIVA EURO 7 SE RETRASA
Tendría que haber entrado en vigor en 2025 en los países europeos, pero la presión de los fabricantes de automóviles y algunos países como Alemania o Italia han logrado una moratoria hasta 2027 para turismos y hasta 2029 para vehículos industriales. Esto supone un pequeño balón de oxígeno para los consumidores, pero, sobre todo, para los fabricantes, que deberán hacer grandes inversiones en I+D e ingeniería para que los motores de combustión interna sean más eficientes, y todo ello sin incrementar el precio de los vehículos.
Los sindicatos españoles han acogido con satisfacción esta noticia, ya que el automóvil supone el 10% del PIB español y el 15% de las exportaciones, dando trabajo de forma directa o indirecta a cerca de dos millones de personas en las distintas factorías y empresas auxiliares.
A pesar de que en algunas de las plantas ya se montan vehículos eléctricos o electrificados, muchas de ellas dedican gran parte de su producción a las mecánicas convencionales, por lo que dispondrán de más tiempo para adaptarse a la nueva situación.
CARGADORES CADA 60 KM EN EUROPA
Con el objetivo de facilitar el despliegue de la movilidad eléctrica, la unión Europea ha tomado el acuerdo de impulsar la instalación de cargadores públicos, de manera que haya un punto de recarga cada 60 kilómetros en la red básica de carreteras del espacio comunitario, y cada 100 kilómetros en el resto de vías de la red integral transeuropea (RTE-T). El acuerdo, firmado por los gobiernos de los 27 países, se compromete a que el 31 de diciembre de 2025 haya puntos de carga cada 60 kilómetros en la red prioritaria europea, con una potencia de al menos 400 kW y de al menos 150 kW en su punto de salida individual. Estos objetivos se amplían el 31 de marzo de 2027, momento en que se elevará la potencia a 600 kW, mientras que los puntos de salida individual deberán tener al menos 150 kW en dos de ellos.
