Guerra legal contra los influencers
El gobierno italiano entra en guerra contra los influencers del país tras desatarse la polémica de Chiara Ferragni y los pandoros, adoptando una normativa que se está extendiendo por todo el continente.
Italia se ha cansado de que las redes sociales sean un escenario sin reglas. Apenas un mes después del escándalo protagonizado por Chiara Ferragni, la guerra contra los influencers es una realidad.
A partir de este momento, el organismo encargado de velar por la comunicación ha preparado una normativa en la que los perfiles con más de un millón de suscriptores serán considerados medios de comunicación. Por ello, tendrán que estar sometidos a la misma normativa relativa a las estafas, apuestas deportivas, publicidad engañosa o la protección de la integridad de los menores de edad.
La normativa no sólo afectará a los grandes perfiles, también a los pequeños creadores de contenido que se consideren relevantes.
Cuando se apruebe la normativa, cocinada durante semanas por el gobierno de Meloni, habrá que etiquetar todo vídeo publicitario. De no cumplirse, el creador de contenido podrá enfrentarse a una multa que oscilará entre los 258.000 euros y los 600.000.
FERRAGNI Y LA POLÉMICA DEL PANDORO
Chiara Ferragni acumula más de 30 millones de seguidores en redes sociales. A su faceta como creadora de contenido, se une su perfil emprendedor, con el que ha puesto en marcha decenas de negocios. Ferragni, junto a su pareja, el rapero Fedez, conforman una de las parejas más reconocibles de Italia.
La instagramer acostumbra a prestar su imagen a diversas marcas para promocionar sus productos. A cambio de un jugoso contrato, ella hace publicidad en sus redes sociales, las marcas pueden incrementar el precio de los productos y todo parece una estrategia perfecta para ganar dinero.
Sin embargo, la polémica surge porque, como contraprestación a la subida notable del precio de los productos, tanto la influencer como la marcha prometen donar un porcentaje de las ganancias a causas benéficas.
El fabricante de dulces Balocco contactó con Ferragni para promocionar un pandoro, un dulce típico italiano similar al panetone, con un precio de nueve euros la unidad, más del triple del precio medio.
El objetivo: una donación de 50.000 euros al hospital Regina Margherita de Turín. La sorpresa fue mayúscula al destaparse que la donación la había realizado la marca en solitario antes de la comercialización de los dulces. Mientras tanto, Ferragni había ingresado en su cuenta corriente un millón de euros.
La influencer pidió perdón y prometió donar todo lo ganado al centro hospitalario. Sin embargo, la mancha en esta campaña le ha costado a Ferragni mucho más de un millón de euros: decenas de marcas han dejado de trabajar con ella y los usuarios que han dejado de seguirla se cuentan por miles.
GUERRA LEGAL CONTRA LOS INFLUENCERS EN TODA EUROPA
Pese a la dureza de las sanciones, Italia sigue la senda de otros Estados como Francia, que ya regula el contenido compartido por cuentas de gran alcance y limita la promoción de cirugía estética o apuestas. También obliga a identificar si el contenido ha sido generado o adulterado con inteligencia artificial. En caso de vulnerar esta norma, las penas pueden alcanzar dos años de prisión y hasta 300.000 euros de multa.
La guerra contra los influencers es un asunto global. Como su propio nombre indica, los creadores de contenido que acumulan una gran cantidad de seguidores son un ejemplo para una legión de usuarios. Las marcas, conocedoras de su alcance, invierten millones en que estos perfiles promocionen sus productos.
En ocasiones, la publicidad es evidente, estando etiquetada como tal. Pero, en otras ocasiones, se trata de una publicidad velada. Una pequeña mención a un producto de belleza, una bebida en un segundo plano de un vídeo o un comentario acerca de una app podrían ser considerados anuncios.
El objetivo de la mayoría de países europeos es regular el uso que se hace de los productos en las redes sociales. No se trata de implantar una normativa para prohibir la publicidad e impedir que los influencers se sigan ganando la vida. Se trata de proteger a los consumidores y advertirles de que el contenido que están consumiendo es publicitario. Igual que se hace en televisión, prensa o radio.
ASÍ SERÁ LA NORMATIVA ESPAÑOLA PARA LOS INFLUENCERS
En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sugerido al Gobierno que fije otros criterios a la hora de etiquetar a los influencers.
A día de hoy, se considera usuario de especial relevancia a aquel que cuenta con, al menos, dos millones de seguidores y tiene una facturación de medio millón de euros anuales. La CNMC considera excesivos estos valores y sugiere rebajarlos, de tal forma que la facturación límite sea la media de los ingresos obtenidos por los perfiles que tengan entre medio millón y un millón de seguidores, con al menos una publicación semanal y con más de 24 vídeos publicados en un determinado periodo de tiempo.
La guerra normativa contra los influencers, por tanto, también se librará en España. A nivel nacional, las sanciones oscilarán entre los 10.000 y 1,5 millones de euros.
El Gobierno español ya tiene bajo la lupa a los grandes creadores de contenido. Como consecuencia de la elevada carga fiscal para las personas con ingresos elevados, muchos han optado por hacer las maletas y mudarse a Andorra. El pequeño país pirenaico es famoso por sus bajas tasas impositivas. Sin embargo, para no ser considerado residente fiscal en España, es necesario pasar más de 183 días fuera de las fronteras nacionales.
La Agencia Tributaria se afana por realizar un seguimiento a estos ciudadanos, en su mayoría veinteañeros que no dudan en hacer alarde de su riqueza y de su forma de vida en las redes sociales.
